El Consejo de Ministros analizó en primera lectura el anteproyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria, con el que se mejorará el funcionamiento de la cadena alimentaria a través de la promoción de un código de buenas prácticas comerciales, según destacó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. De la Vega, quien subrayó la importancia de un sector que aporta el 20% al PIB, explicó que el anteproyecto establecerá el marco jurídico del sistema agroalimentario en lo relativo a la calidad tanto comercial como diferenciada. En concreto, con esta nueva norma también se regulará la titularidad, uso y gestión, así como la protección de las figuras de calidad diferenciada vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma.

"El anteproyecto también pretende que los consumidores tengan una verdadera oportunidad de elección e información que figure en el etiquetado de los productos alimentarios y favorecerá la competitividad de las empresas, apostando por la simplificación", explicó de la Vega. Esta norma se refiere únicamente a la vertiente económica, de manera que queda excluida la regulación de cualquier aspecto relativo a la seguridad alimentaria, cuya competencia es de las autoridades sanitarias. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la nueva norma satisfará la demanda del sector de la industria y la comercialización de los alimentos, "contribuyendo a mantener la unidad de mercado".

El departamento de Elena Espinosa destacó que en los últimos años las nuevas tendencias en los hábitos de consumo y el incremento en el nivel de vida de los españoles han dado lugar a una mayor demanda de productos alimentarios con características propias de calidad y producidos en un ámbito geográfico determinado. El interés por estos productos ha traspasado las fronteras, y hoy son muchos los productos agroalimentarios españoles calificados como Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP), que "son reconocidos no sólo en el ámbito comunitario, sino también mundial". Según detalló, la evolución que han experimentado las figuras de protección de la calidad diferenciada en España ha sido muy positiva, ya que las primeras denominaciones registradas datan de los años treinta, en vinos, y en la actualidad hay más de 300 reconocidas o en fase de reconocimiento.